HERNÁN CHEYRE
"Reforma radical al aparato estatal"
13/9/2004

Uno de los elementos que caracteriza a los países que atraviesan por fases de acelerado crecimiento económico es el fenómeno del aumento en la productividad que se manifiesta en esos períodos. La experiencia chilena en el pasado reciente no es ajena a esta realidad: al tomar en cuenta el período 1985-1997, en que la expansión promedio anual alcanzó un 7,6%, un análisis de las fuentes de este crecimiento revela que la incidencia que tuvo el incremento en productividad fue superior a la contribución atribuible a la acumulación de capital, ubicándose la mayor utilización de mano de obra en tercer lugar. La explicación fundamental a este hecho radica en que la maduración de las diversas reformas que fueron implementadas en el transcurso del último cuarto de siglo hizo posible una mejor utilización de los recursos productivos en el país, lo cual en definitiva potenció la tasa de crecimiento de la economía chilena.

Cuando hoy día se mira con cierta nostalgia ese pasado reciente, añorándose poder volver a crecer a tasas del 7%, por cuanto ya no hay quien ponga en duda de que el crecimiento económico constituye el requisito esencial para derrotar la pobreza, resulta obvio que los esfuerzos deben concentrarse en la creación de condiciones para que las fuentes del crecimiento se encaminen en la senda requerida.

En este contexto, hay que tener claro que tan importante como abonar el terreno para impulsar un mayor nivel de empleo de mano de obra y para inducir una mayor acumulación de capital en el país, lo es la implementación de reformas que induzcan un mejor uso de los recursos disponibles. En esta línea, una idea con gran potencial y cuyo desarrollo pleno está aún pendiente en nuestro país se refiere a la necesidad de introducir una reforma profunda al funcionamiento del aparato estatal. Es notorio que en este ámbito falta dar el gran paso que permita colocar al aparato estatal a la par con los estándares que operan en el sector privado. Un cambio de esta naturaleza haría posible aumentar la productividad del país, y, por ende, su nivel de competitividad, en forma significativa. Si se toma en cuenta que el gasto total administrado por el sector público alcanza a un tercio del PIB, resulta obvio que un mejoramiento en el grado de eficiencia con que sean administrados estos recursos puede llegar a tener una incidencia significativa en el potencial de crecimiento de la economía.

Es indudable que la reciente creación de un sistema de Alta Dirección Pública, mediante el cual se apunta a privilegiar la capacidad profesional de los jefes de servicio y a poner fin al cuoteo político en su nombramiento, constituye un primer paso de gran trascendencia, orientado en la dirección correcta. Lo mismo puede decirse respecto de la promulgación de la ley del “nuevo trato”, que ordena la carrera funcionaria en un contexto más racional. Sin embargo, los cambios que se requieren van mucho más allá de eso. Entre los principales problemas pendientes de resolver destacan los siguientes:

1. La excesiva rigidez que prevalece en la estructuración de la administración pública imposibilita ir adecuando el aparato estatal de acuerdo a las necesidades y desafíos de cada momento, tal como cualquier empresa privada reacciona usualmente para adaptarse a los requerimientos que se le van presentando.

2. Los servicios públicos carecen de la autonomía necesaria para llevar a cabo su gestión con la flexibilidad requerida para desenvolverse con mayor eficiencia. Es comprensible que este sea el criterio prevaleciente en un contexto en el cual no hay un mecanismo efectivo de control del uso de los fondos. Sin embargo, en la medida que cada servicio público deba efectuar una rendición pública de cuentas ante la ciudadanía respecto de la gestión realizada con los recursos que se le asignaron, los sistemas de control comenzarán a operar de un modo mucho más natural.

3. Falta de control de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin perjuicio de los avances logrados en esta materia durante la última década por parte de la Dirección de Presupuestos, habiéndose masificado la incorporación de un sistema de indicadores y metas de gestión para la discusión presupuestaria, y habiéndose puesto en marcha un mecanismo de evaluación de programas gubernamentales, el sistema no está suficientemente institucionalizado en cuanto a su funcionamiento. En lo relativo a la evaluación de proyectos de inversión, se echa de menos una aplicación más exhaustiva de este procedimiento a las distintas iniciativas de inversión propuestas.

4. La noción de costo económico ha estado tradicionalmente al margen de la contabilidad gubernamental, la cual se ha concentrado en el concepto de flujo de caja asociado a los programas de gasto. Esto deja fuera de la contabilización el costo de capital en que se está incurriendo, el cual ciertamente debería ser incorporado a efectos de que las decisiones sean adoptadas tomando en consideración la totalidad de los costos asociados a los recursos envueltos. Para resolver este tema, la confección de balances económicos constituye un primer paso que debe darse.

Una reforma al aparato estatal en los términos aquí propuestos debe tener lugar al margen de la discusión relativa al rol que cabe desempeñar al Estado en una economía moderna. Se trata de una reforma eminentemente técnica, orientada a la incorporación de métodos y herramientas modernas desarrolladas para una administración más eficiente de las organizaciones.